La situación ha derivado, según los residentes, en la acumulación de deudas y en recientes cortes del suministro eléctrico. Los vecinos cuestionan que las cantidades pendientes se calculen sobre la base de esos 50.000 francos mensuales, en lugar del consumo real de cada vivienda.
Una factura consultada por este medio refleja 21 cargos mensuales de 50.000 francos CFA, correspondientes al periodo comprendido entre enero de 2025 y septiembre de 2026, lo que eleva el importe acumulado a 1.050.000 francos CFA, con cero francos registrados como pagados.
Los afectados aseguran que rechazaron esta cantidad al considerar que no respondía al consumo real de electricidad. Según su versión, el importe comenzó a aparecer como una obligación mensual y, al no ser abonado, las cantidades se fueron acumulando hasta convertirse en deudas utilizadas posteriormente para suspender el suministro.
La controversia se centra ahora en conocer bajo qué disposición, contrato o autorización se estableció el pago fijo de 50.000 francos mensuales, así como de qué manera fueron informados los abonados y si existió aceptación de esta modalidad de facturación.
El suministro eléctrico está regulado por la Ley número 1/2022, de fecha 30 de mayo, por la que se establecen las tarifas de electricidad en Guinea Ecuatorial. En 2025, el Gobierno informó de que preparaba una normativa de desarrollo que contemplaría, entre otros aspectos, la protección de los grupos vulnerables y el acceso asequible al servicio.
La cuestión también llega después de que, en noviembre de 2025, representantes de SEGESA comparecieran ante el Pleno de la Cámara de los Diputados para explicar los procedimientos relacionados con los cortes y las reconexiones del suministro. En aquella sesión se plantearon quejas sobre cortes, facturación y sobrefacturación, mientras los diputados recomendaron a SEGESA aplicar los importes establecidos en la Ley 1/2022 y realizar una comprobación exhaustiva antes de proceder a los cortes, teniendo en cuenta el carácter esencial del servicio eléctrico.
El debate planteado por los vecinos no gira necesariamente en torno a su disposición a pagar por la electricidad consumida, sino sobre la deuda generada a partir de una tarifa fija de 50.000 francos que, según afirman, no aceptaron.
Los residentes reclaman a SEGESA una explicación pública sobre el origen de esta cantidad, su fundamento legal, las condiciones contractuales aplicadas y el procedimiento mediante el cual esos importes pasan a convertirse en deudas exigibles.
Los cortes de electricidad, según los afectados, tienen consecuencias directas sobre la vida cotidiana de las familias, entre ellas la conservación de alimentos, el funcionamiento de equipos eléctricos y el acceso al agua.
La cuestión que queda planteada es si las cantidades acumuladas a partir de una tarifa que los abonados aseguran no haber aceptado pueden considerarse una deuda válida sin una revisión previa de los contratos y de la base legal que sustenta dicha facturación. La respuesta corresponde a SEGESA y a los organismos competentes.
