La propuesta surge de la necesidad de contar con mecanismos de fiscalización, control y seguimiento que contribuyan a garantizar la transparencia en la gestión económica y financiera del país. En este contexto, la Cámara Alta examina la admisibilidad de la iniciativa y su relación con las disposiciones que ya regulan el funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Durante los debates se ha puesto de manifiesto que buena parte de las funciones contempladas en la proposición de ley ya están recogidas en la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, que define a esta institución como un órgano constitucional de carácter técnico, dotado de autonomía administrativa y presupuestaria.
La legislación atribuye al Tribunal de Cuentas la responsabilidad de velar por la transparencia en la gestión fiscal de la Administración, así como de las personas y entidades que administren fondos o bienes públicos.
Entre sus principales atribuciones figura establecer los métodos y procedimientos para la rendición de cuentas de los responsables del manejo de fondos o bienes públicos, además de fijar criterios para evaluar la gestión financiera, operativa y de resultados.
El órgano también tiene competencias para revisar y controlar las cuentas que deben presentar los responsables del Tesoro Público, determinar el grado de eficacia y eficiencia de su actuación y requerir informes sobre la gestión fiscal a los empleados públicos y a las personas o entidades que administren recursos estatales.
Asimismo, el marco jurídico vigente reconoce al Tribunal de Cuentas competencia exclusiva en materia de fiscalización contable del Estado, así como sobre su régimen interno y el personal a su servicio.
Su ámbito de actuación comprende la Administración del Estado, las corporaciones locales, las entidades gestoras de la Seguridad Social, los organismos autónomos, las sociedades estatales y otras empresas en las que participe el Estado.
El debate parlamentario busca, por tanto, determinar la viabilidad y el alcance de una normativa específica sobre las reglas de funcionamiento de una institución cuya función está directamente vinculada al control de la gestión de los recursos públicos.
Los trabajos continuarán este martes en la Cámara Alta del Parlamento Nacional, donde los senadores proseguirán el examen de la proposición de ley antes de avanzar hacia las siguientes fases de su tramitación parlamentaria.
Fuente: Dirección General de Prensa del SENADO
