El propio Ministerio de Información, Prensa, Cultura y Turismo ha reconocido ante el Parlamento que la norma vigente es una herramienta obsoleta que ya no responde a las exigencias profesionales del momento, y ha presentado un paquete que incluye el Proyecto de Ley Reguladora de la Libertad de Prensa, otro sobre los servicios de comunicación audiovisual y digital, y uno más sobre derechos de autor. Es una noticia que se agradece: por primera vez se plantea regular los medios digitales y la televisión por cable, un vacío que llevaba años dejando fuera de todo marco normativo a buena parte de lo que hoy se consume como información en el país.
Pero hay un punto de la reforma que merece una lectura más detenida, porque toca el corazón mismo de la profesión: quién puede llamarse periodista en Guinea Ecuatorial.
Tres vías, una ambigüedad
Según las deliberaciones que se conocen hasta ahora, la ley reconocería tres caminos para ejercer el periodismo:
1- Ser licenciado en Periodismo o Ciencias de la Información por una universidad.
2- Contar con un diplomado de formación profesional en la materia.
3- Haber ejercido la profesión durante cinco años, sin necesidad de título alguno.
Las dos primeras vías no generan controversia: son las que cualquier país con un sistema de formación superior en comunicación reconocería como estándar. El problema está en la tercera. Durante años, una parte considerable de quienes han ejercido el periodismo en el país lo han hecho sin haber pisado un aula de Periodismo, o habiéndola pisado sin terminar la carrera. Es una realidad que el propio sector conoce bien y que en parte explica por qué el legislador ha optado por no dejar a esas personas fuera del oficio de un plumazo.
El gesto es comprensible. Pero la fórmula elegida cinco años de ejercicio equivalen a un título traslada el problema en lugar de resolverlo. Porque la pregunta que se hacen hoy estudiantes y profesionales del sector es sencilla y, hasta ahora, sin respuesta clara en el texto: ¿cómo se empieza a ejercer una profesión para la que, según la propia ley, hace falta formación, si no se tiene esa formación? Si la vía de los cinco años sigue abierta hacia el futuro y no se cierra como una regularización de quienes ya estaban en el oficio antes de la reforma, la norma corre el riesgo de perpetuar exactamente lo que dice querer corregir: gente que entra a informar a la sociedad sin preparación previa, con la promesa de que el tiempo, por sí solo, la convertirá en profesional.
Y el periodismo no es solo una acumulación de horas frente a un micrófono o un teclado. Es una profesión cuyos mensajes tienen impacto directo en la sociedad: en la reputación de las personas, en la formación de la opinión pública, en la manera en que una comunidad entiende lo que le ocurre. Contrastar fuentes, distinguir un hecho de un rumor, conocer los límites legales y éticos de la información, entender el derecho de rectificación o el secreto profesional no son destrezas que se adquieran por ósmosis. Ejercer el oficio no es solo escribir, hablar e informar; va mucho más allá de lo que suele considerarse lo básico.
Lo que sería razonable esperar
Lo lógico y lo que buena parte de la comunidad universitaria y profesional reclama sería que la ley fijara una fecha de corte: a partir de la entrada en vigor de la norma, todo aquel que quiera ejercer el periodismo debe hacerlo con título universitario o formación profesional reconocida. Quienes ya estuvieran ejerciendo sin título antes de esa fecha podrían acceder a un programa de formación intensiva o de convalidación de competencias, similar a lo que en otros sectores se conoce como una regularización transitoria, y a partir de ahí sí, quedar reconocidos como profesionales. Pero cerrando la puerta: que no se pueda seguir entrando al oficio, de manera indefinida, por la vía de «empezar sin título y esperar cinco años».
En este sentido, es una buena señal que el propio proyecto de ley contemple, según se ha informado en las comisiones parlamentarias, la creación de un instituto de prácticas en Ciencias de la Información pensado para reforzar la formación de quienes ya ejercen el periodismo en el país, así como exigencias específicas para quienes dirijan un medio de comunicación. Es la pieza que falta encajar con claridad: que ese instituto sea la puerta de transición para quienes ya están en el oficio, y no una vía paralela que compita indefinidamente con la formación reglada.
Cómo se resuelve esto en otros lugares
Mirar hacia países vecinos o con vínculos históricos con Guinea Ecuatorial ayuda a dimensionar el debate.
España, la antigua metrópoli, tiene un caso particular: desde que el Tribunal Constitucional despejó el camino a finales del siglo pasado, no exige legalmente un título universitario para ejercer el periodismo, en nombre de la libertad de expresión y de información. Pero eso no ha significado ausencia de estándares: el sector se ha dotado de mecanismos propios de acreditación —el carné de prensa que expiden sindicatos y asociaciones profesionales, códigos deontológicos, la costumbre casi universal de que las redacciones exigen formación específica al contratar— que funcionan como un control de calidad extraoficial pero muy real. Es decir, la ausencia de un requisito legal no ha eximido a la profesión de construir sus propios filtros de competencia.
Camerún, con el que Guinea Ecuatorial comparte fronteras y realidades regionales, ilustra el escenario opuesto y más preocupante: organizaciones como Reporteros Sin Fronteras describen un ejercicio periodístico marcado por la precariedad laboral extrema, sobre todo en medios privados, y por la fragilidad de las garantías legales que deberían proteger a quien informa. Es un espejo útil para Guinea Ecuatorial: cuando la regulación de quién es periodista no va acompañada de condiciones laborales dignas y de protecciones reales
secreto profesional, acceso a la información, protección ante procesos judiciales—, el título o la acreditación se convierten en papel mojado.
Argentina y otros países latinoamericanos con estatutos del periodista profesional muy antiguos —algunos de mediados del siglo XX— optaron por un modelo de carné profesional expedido por un organismo público o mixto, con registro obligatorio, pero ese modelo ha sido también objeto de críticas por el riesgo de que el registro se use como herramienta de control político sobre quién puede o no informar. Es una advertencia que Guinea Ecuatorial debería tener presente: cualquier mecanismo de acreditación, si no está bien diseñado, puede convertirse en una herramienta de exclusión antes que de calidad.
La oportunidad que no debería perderse
La oportunidad que no debería perderse
La reforma de la Ley de Prensa llega en un momento en que el país necesita, más que nunca, un periodismo capaz de explicar lo que ocurre a su alrededor con rigor: la propia transformación institucional que vive Guinea Ecuatorial, los cambios económicos, sociales y políticos que se avecinan, exigen una prensa formada, no sólo activa. Definir con precisión quién es periodista no es un ejercicio burocrático ni un intento de excluir a quienes llevan años en las redacciones sin título. Es, al contrario, la manera de dignificar el oficio: de que la sociedad sepa que quien firma una noticia, presenta un informativo o dirige un medio ha pasado por un proceso de formación y de responsabilidad profesional.
Si el Parlamento aprovecha esta reforma para cerrar la ambigüedad —fijando una fecha límite, ofreciendo formación de transición a quienes ya ejercen sin título y prohibiendo, de ahí en adelante, el acceso a la profesión sin acreditación—, Guinea Ecuatorial dará un paso que muchos países de la región aún tienen pendiente. Si, en cambio, la vía de los «cinco años» queda abierta sin fecha de cierre, la ley corre el riesgo de quedarse, una vez más, a medio camino entre la intención de modernizar y la costumbre de improvisar.
Por: Juan Neftalí Edjó
