Uno de los puntos más afectados se encuentra en la planta baja, en el pasillo que conduce hacia la Sala Plenaria. En este tramo pueden observarse zonas del techo deterioradas, con material desprendido, manchas oscuras de humedad y partes aparentemente colapsadas.
La situación también se extiende a otros puntos del inmueble. Se aprecian daños en una de las esquinas de la recepción y en la entrada trasera que comunica con la Sala Plenaria. En las zonas afectadas son visibles los efectos de la humedad y el desprendimiento de materiales.
Las evidencias observadas apuntan a filtraciones de agua que habrían contribuido al deterioro progresivo de los techos. El problema adquiere especial relevancia por tratarse de un edificio institucional en el que trabajan funcionarios y al que acuden regularmente miembros del Gobierno y otros responsables públicos para participar en reuniones y actos oficiales.
Otro elemento que llama la atención es la presencia de luminarias empotradas en algunos de los techos afectados. Las luces permanecen operativas pese a encontrarse instaladas en zonas donde también se observan signos de humedad y deterioro.
Más allá del impacto visual, el estado de estos espacios plantea interrogantes sobre las condiciones de seguridad y conservación del inmueble, especialmente en zonas por las que circulan diariamente trabajadores y visitantes.
Ante esta situación, surge una cuestión que requiere una respuesta clara: ¿qué empresa tiene actualmente adjudicado el servicio de mantenimiento del edificio del Ministerio de Hacienda, Presupuesto y Planificación Nacional y cuáles son las obligaciones establecidas en ese contrato?
La identificación de la empresa responsable del mantenimiento permitiría determinar también si las zonas afectadas han sido objeto de inspecciones, si se han comunicado previamente las deficiencias y qué actuaciones de conservación o reparación están previstas.
El estado de los techos convierte el mantenimiento del edificio en una cuestión que trasciende la estética: afecta directamente a la conservación de una infraestructura pública y a las condiciones de seguridad de quienes trabajan o circulan por ella.
