El caso fue presentado en noviembre de 2025 por Isabel Mbengono Esono, madre del fallecido, quien solicitó la intervención de los representantes del pueblo para que su exnuera, María Yolanda Raque Okomo, le entregara una documentación que, según sospechaba, contenía el expediente de liquidación laboral de su hijo. La demandante temía que la indemnización hubiera sido cobrada sin conocimiento de la familia y cuestionaba, además, el alquiler de la vivienda del difunto.
Tras analizar los hechos, la comisión ad hoc encargada de la mediación constató que uno de los hijos del fallecido había alquilado la vivienda con el propósito de sufragar sus estudios. En el proceso se retiraron los documentos, muebles y otros enseres que su padre había dejado en el inmueble. Las autoridades de la comunidad de vecinos señalaron que la demandada estaba al corriente de este procedimiento.
En relación con la liquidación laboral, los diputados comisionados averiguaron que el expediente permanecía en poder de la empresa. Durante las actuaciones se precisó que, conforme a la declaración de herederos emitida por el Juzgado de Primera Instancia de Bata, los hijos del fallecido serán los beneficiarios del importe que corresponda por la indemnización.
Los herederos expresaron su voluntad de distribuir equitativamente los bienes y acordaron celebrar una reunión familiar para abordar las diferencias pendientes y avanzar hacia la reconciliación.
Las partes manifestaron su satisfacción por la mediación parlamentaria y los consensos alcanzados. No obstante, Isabel Mbengono Esono falleció antes de la firma del informe final, por lo que uno de sus hijos compareció en su representación para ratificar el acuerdo.
