Un trabajador presta un servicio, cumple con su parte del acuerdo y, llegado el momento del pago, el empleador comienza a acumular excusas para no cumplir con su obligación. Ante la falta de respuesta, el empleado decide acudir a la Policía o a la Gendarmería para solicitar una citación. Sin embargo, la respuesta que recibe es desalentadora: «Déjalo, no va a venir porque es una persona importante».
Una respuesta de este tipo no solo representa una falta de profesionalidad, sino que transmite un mensaje extremadamente peligroso: que existen ciudadanos por encima de la ley y otros condenados a aceptar la injusticia. La función de los cuerpos de seguridad no es anticipar si una persona acudirá o no a una citación, sino cumplir con los procedimientos establecidos y garantizar que las normas se apliquen sin distinción.
La autoridad no puede renunciar a su deber únicamente porque el denunciado tenga influencia o un alto estatus social. Hacerlo supone una omisión de sus responsabilidades y debilita la confianza de la población en las instituciones. Cuando el ciudadano percibe que la ley solo alcanza a los más débiles, la credibilidad del sistema de justicia se erosiona y aumenta el sentimiento de impunidad.
Nadie discute que un conflicto por una deuda pueda terminar resolviéndose por la vía civil o judicial. Sin embargo, una cosa es que la Policía o la Gendarmería no tengan competencia para obligar al pago inmediato y otra muy distinta es negarse a realizar las actuaciones que les corresponden, como tramitar una denuncia, emitir una citación o informar correctamente al ciudadano sobre los mecanismos legales disponibles.
El verdadero problema no es únicamente el impago de una deuda, el problema aparece cuando quienes están llamados a garantizar el cumplimiento de la ley actúan condicionados por la influencia del denunciado. En ese momento, la justicia deja de ser imparcial y se convierte en un privilegio reservado para unos pocos.
Las instituciones se fortalecen cuando actúan con independencia y hacen cumplir la ley sin mirar el cargo, el apellido o la cuenta bancaria de las personas involucradas. La igualdad ante la ley no puede ser un simple principio escrito en los textos legales; debe reflejarse en cada actuación de quienes tienen la responsabilidad de proteger los derechos de todos los ciudadanos.
Una sociedad donde el poder pesa más que la ley corre el riesgo de normalizar la impunidad. Y cuando la impunidad se convierte en costumbre, los primeros perjudicados son los ciudadanos honestos que solo reclaman aquello que legítimamente les pertenece.
