El proyecto de ley clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, en función de la naturaleza y las consecuencias de las conductas cometidas.
Entre las infracciones leves figuran el retraso injustificado en la presentación de informes técnicos, ambientales o económicos exigidos reglamentariamente; el retraso en la ejecución de las obligaciones de rehabilitación y restauración de las áreas de operaciones mineras; la realización de actividades mineras sin la supervisión de profesionales cualificados y la falta de señalización adecuada en los sitios de prospección o explotación, siempre que no exista riesgo para las personas o los bienes.
También tendrán esta consideración el incumplimiento de requerimientos administrativos menores y la falta de actualización de datos administrativos o registrales ante el Ministerio competente.
En el caso de las infracciones graves, el proyecto contempla la realización de actividades mineras sin haber obtenido el correspondiente título habilitante o fuera del área autorizada; el incumplimiento reiterado de obligaciones contractuales o ambientales después de haber sido advertido por la autoridad competente; así como la omisión o alteración sustancial de información en los informes de producción, impacto ambiental o control técnico.
Asimismo, serán consideradas graves la resistencia injustificada a las labores de inspección, fiscalización o auditoría del Ministerio, el incumplimiento de medidas correctivas impuestas mediante resolución administrativa firme, la afectación moderada al medio ambiente, bienes públicos o derechos de comunidades locales sin llegar a provocar daños irreversibles, y el uso de equipos, materiales, instrumentos o maquinaria que no cumplan las normas exigibles.
Las infracciones muy graves estarán vinculadas a conductas u omisiones capaces de provocar daños graves o irreversibles, o de carácter masivo, al medio ambiente, la salud humana, los intereses fiscales del Estado o los derechos fundamentales de comunidades y personas.
Entre ellas se incluye la realización de actividades de prospección, exploración o explotación sin un título habilitante vigente o mediante documentos falsificados; la extracción, procesamiento y comercialización de minerales no declarados o sometidos a una subfacturación intencionada; la contaminación grave de suelos, aguas o ecosistemas protegidos como consecuencia directa de las operaciones mineras y el incumplimiento deliberado de las condiciones ambientales establecidas para prevenir riesgos mayores.
También tendrán la consideración de muy graves la reincidencia en infracciones graves, el ocultamiento o falsificación de datos relativos a la seguridad, producción o impactos sociales de un proyecto, el incumplimiento de la obligación de rehabilitar y restaurar las áreas mineras una vez concluida su explotación, así como la transferencia o cesión de derechos mineros sin la autorización del Ministerio competente.
El proyecto contempla igualmente la imposición de sanciones y la responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados al Estado, a terceros y al medio ambiente como consecuencia de las actividades mineras.
Además, establece mecanismos para resolver las controversias derivadas de la interpretación, ejecución, modificación o terminación de los títulos habilitantes y contratos mineros, incluida la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional, conforme a lo establecido en los respectivos contratos.
Durante el análisis del proyecto, los diputados también se interesaron por los mecanismos de control que prevé establecer el Gobierno para garantizar la aplicación efectiva de las medidas contempladas en la reforma.
La Delegación del Gobierno volvió a destacar la importancia del proyecto de ley, cuya eventual aprobación permitirá abrir la ronda de licitaciones en el sector minero y poner en valor los recursos minerales del Estado, dentro de la estrategia nacional de diversificación económica.
Fuente: Dirección General de Prensa de la Cámara de los Diputados
