El Gobierno ha endurecido los controles sobre farmacias, clínicas, laboratorios, almacenes de medicamentos y consultorios sanitarios tras detectar numerosas irregularidades durante la campaña nacional de inspección iniciada el pasado 27 de julio. Hasta el momento, 47 de las 63 farmacias inspeccionadas en Malabo han sido precintadas por incumplir la normativa vigente.
Los resultados preliminares de la operación fueron analizados este jueves en una reunión presidida por el Primer Ministro del Gobierno, Encargado de la Coordinación Administrativa, Manuel Osa Nsue Nsua, quien recibió un informe de la Inspección General de Sanidad sobre las actuaciones realizadas en la capital.
De acuerdo con el informe, únicamente 16 farmacias cumplen los requisitos exigidos y continúan operando con normalidad. En cuanto a las clínicas inspeccionadas, cuatro fueron sometidas a revisión y, aunque ninguna fue clausurada, todas recibieron recomendaciones técnicas y medidas correctivas para adecuar sus instalaciones a los estándares establecidos.
La inspección alcanzó también a un laboratorio, que superó satisfactoriamente la evaluación, y a dos almacenes de medicamentos, uno de los cuales fue precintado tras comprobarse que funcionaba con una autorización caducada.
Durante el encuentro, el Ministerio de Sanidad alertó además sobre la posible utilización de autorizaciones presuntamente falsificadas por algunos establecimientos sanitarios, por lo que solicitó autorización para ampliar las investigaciones y fortalecer los mecanismos de control sobre la expedición de licencias.
Ante esta situación, el Primer Ministro ordenó retirar todas las autorizaciones cuya autenticidad genere dudas, tanto en los establecimientos clausurados como en aquellos que permanecen abiertos, con el fin de verificar su legalidad.
Asimismo, instruyó al Ministerio de Sanidad para elaborar un procedimiento más estricto, transparente y riguroso en la concesión de licencias de funcionamiento. A partir de ahora, una comisión técnica deberá comprobar sobre el terreno que cada establecimiento dispone de instalaciones adecuadas, cumple los requisitos administrativos, cuenta con proveedores acreditados y presenta un plan de funcionamiento conforme a la legislación vigente antes de obtener la autorización para operar.
El jefe del Ejecutivo también ordenó que, cuando los servicios técnicos determinen que un establecimiento no reúne las condiciones legales o técnicas para continuar prestando servicios, todos los medicamentos existentes sean incautados y trasladados a CENTRAMED para su destrucción conforme a los protocolos establecidos.
Por: Oficina de Prensa del Gabinete del Primer Ministro (PressPM)
Departamento de Prensa del PDGE
