La futura normativa prohibirá la producción, publicación, emisión, transmisión, retransmisión, distribución o difusión de contenidos que inciten de manera directa y pública a la violencia, el terrorismo, la comisión de delitos o la alteración violenta del orden constitucional. También vetará los mensajes que promuevan la discriminación, la hostilidad o la violencia por motivos de raza, etnia, nacionalidad, origen, religión, sexo, discapacidad, lengua o cualquier otra condición personal o social.
Entre las restricciones previstas figuran, asimismo, los contenidos que hagan propaganda del genocidio, los crímenes contra la humanidad o los crímenes de guerra, así como aquellos que atenten contra la dignidad humana, especialmente cuando afecten a menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad.
El texto también contempla la prohibición de difundir material de abuso o explotación sexual, con especial atención a la explotación sexual infantil. A ello se suman los contenidos que perjudiquen el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, vulneren ilegalmente el derecho al honor o a la intimidad personal y familiar, o promuevan la trata de personas, la explotación laboral, el tráfico ilícito de drogas y otras actividades delictivas.
La protección de la infancia y la adolescencia ocupa un lugar específico en el proyecto, que prevé medidas especiales para los servicios de imprenta, comunicación audiovisual y comunicación digital. Además, incorpora disposiciones particulares para la radiodifusión sonora y televisiva, la protección de la identidad cultural y la convivencia nacional, junto con la supervisión del órgano competente y el correspondiente régimen sancionador.
En cuanto a las obligaciones de los titulares de licencias y autorizaciones de servicios de comunicación audiovisual, la propuesta establece que deberán facilitar a la autoridad de aplicación la información y colaboración que esta considere necesarias para el cumplimiento de sus funciones. También tendrán que ofrecer gratuitamente servicios de monitoreo de sus emisiones, conforme a las condiciones técnicas y los lugares que determinen las normas reglamentarias.
Asimismo, deberán grabar y conservar sus emisiones durante el plazo establecido, mantener un archivo de la producción emitida y remitir al archivo general del órgano competente los contenidos que les sean requeridos.
Otro de los aspectos abordados es el derecho de la ciudadanía a acceder gratuitamente a acontecimientos de interés general. En este sentido, el Gobierno adoptaría medidas reglamentarias para evitar que los derechos exclusivos de emisión o retransmisión televisiva de determinados eventos, incluidos los deportivos, impidan a la población seguirlos en directo y de forma gratuita en todo el territorio nacional. No obstante, el artículo relativo a este derecho permanece pendiente de reformulación.
La propuesta legislativa también incorpora disposiciones sobre los servicios de streaming y podcast, las plataformas digitales y los servicios de comunicación digital. Estos apartados regulan el registro de los prestadores, sus obligaciones y la responsabilidad sobre los contenidos difundidos a través de dichos servicios.
De aprobarse y entrar en vigor, el proyecto establecerá un marco de prohibiciones, obligaciones y controles que abarcará tanto a los medios tradicionales como a los servicios digitales, con especial atención a la prevención de la violencia, la protección de los derechos fundamentales y la salvaguarda de los menores de edad.
