El delegado regional de Educación, Rafael Meñe Ona Nzang, ha abordado la situación de nueve centros educativos señalados por la presunta retención de boletines de alumnos de familias con escasos recursos debido a deudas de matrícula del curso anterior, una práctica que estaría dificultando la inscripción de estos menores en el presente año escolar.
La intervención responde a la preocupación trasladada por la delegada distrital de Asuntos Sociales, quien ha solicitado la actuación de Educación para facilitar la entrega de los documentos académicos y garantizar que los niños en situación de vulnerabilidad puedan continuar sus estudios sin obstáculos económicos.
Según lo expuesto durante el encuentro, el problema afecta a familias que dependen del apoyo del Gobierno de Guinea Ecuatorial, que ha asumido los gastos de escolarización de menores vulnerables y ha encomendado a los servicios de Asuntos Sociales la identificación de los beneficiarios. La delegada señaló que el programa escolariza a niños de acuerdo con los convenios establecidos con el Ministerio, aunque el número de beneficiarios ha variado respecto a años anteriores.
Durante la reunión, se identificaron la falta de información sobre el funcionamiento del programa y los retrasos en los pagos del Ministerio de Asuntos Sociales como algunos de los factores que podrían estar detrás de las dificultades planteadas por los centros educativos.
Rafael Meñe Ona Nzang ofreció orientaciones a los directores sobre los procedimientos para recibir los fondos correspondientes y les instó a evitar que las deudas económicas de las familias se conviertan en un impedimento para la escolarización de los menores. Asimismo, recomendó establecer calendarios de pago más flexibles para los tutores, con el fin de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones sin perjudicar la educación de sus hijos.
El delegado regional recordó que la educación también cumple una función social y que impedir el acceso de los niños a las aulas por motivos económicos contradice los objetivos fundamentales del sistema educativo.
La advertencia más contundente estuvo dirigida a los responsables de los centros: aquellos que impidan la matriculación de niños por impago podrían enfrentarse a sanciones. La prioridad, según las orientaciones trasladadas durante el encuentro, es garantizar que ningún menor vulnerable quede fuera del sistema educativo por dificultades económicas mientras se buscan soluciones a las deudas pendientes.
La reunión busca, en definitiva, facilitar la entrega de los boletines retenidos, resolver las dificultades administrativas y económicas señaladas y asegurar que los alumnos afectados puedan matricularse y continuar su formación durante el presente curso escolar.
