Tres causas penales, dos de ellas por presunta venta y tráfico de drogas y otra por supuesta estafa y adquisición indebida de la nacionalidad ecuatoguineana, han centrado las últimas vistas orales de la Audiencia Provincial de Litoral. Las acusaciones fiscales incluyen penas de prisión, multas de hasta 5.750.000 francos CFA por delito e indemnizaciones, mientras las defensas reclaman la absolución de sus representados.
El procedimiento de mayor alcance económico es el sumario ordinario número 90/2025, seguido contra Michael Germán Tsanga Bindang por presuntos delitos de estafa y adquisición indebida de la nacionalidad ecuatoguineana, con el Estado como parte perjudicada.
Según la acusación del Ministerio Fiscal, los hechos investigados afectan a la legalidad en materia de nacionalidad y a la protección de la fe pública. Por estos cargos, el Ministerio Público solicita tres años de arresto mayor y una multa de 5.750.000 francos CFA por cada delito, además de una indemnización de un millón de francos CFA a favor de las víctimas de la presunta estafa. La defensa niega los hechos y pide la libre absolución por considerar que no existen pruebas concluyentes que acrediten la responsabilidad penal del acusado.
La segunda vista ha tenido como procesado a Federico Pedro Mandumbi, acusado de un presunto delito de venta y tráfico de estupefacientes. Durante el interrogatorio, el acusado ha reconocido ser consumidor habitual de marihuana, mientras su abogado sostiene que esta circunstancia no acredita por sí misma la comercialización de sustancias estupefacientes. La defensa considera insuficientes las pruebas de cargo y solicita la absolución. El Ministerio Fiscal, por su parte, mantiene una petición de tres años de arresto mayor en su grado máximo y una multa de 2.550.000 francos CFA.
El tercer juicio ha sentado en el banquillo a Sunday Ozoagu, igualmente acusado de venta y tráfico de estupefacientes. El fiscal solicita para él tres años de arresto mayor en su grado máximo y una multa de 2.550.000 francos CFA a ingresar en el Tesoro Público. Su defensa también ha reclamado la libre absolución.
Las tres vistas dejan sobre la mesa las peticiones de condena formuladas por el Ministerio Público y las solicitudes de absolución de los abogados defensores. La decisión final corresponde ahora al Tribunal, que deberá valorar las pruebas practicadas y los argumentos de ambas partes para determinar si existen elementos suficientes para declarar la responsabilidad penal de cada acusado.
Hasta que se dicten las correspondientes resoluciones judiciales, los hechos atribuidos a los procesados mantienen su carácter de presuntos delitos.
