Durante la sesión plenaria, los parlamentarios destacaron la necesidad de dotar al sector minero y de hidrocarburos de un marco jurídico actualizado, capaz de atraer inversión, fortalecer la participación del Estado y garantizar una gestión responsable de los recursos naturales.
En relación con la minería, los diputados señalaron que el sector puede contribuir a la diversificación de la economía nacional, generar empleo, favorecer el desarrollo de nuevas industrias, promover infraestructuras y aumentar los ingresos públicos. Al mismo tiempo, advirtieron sobre los riesgos asociados a una gestión inadecuada, como la corrupción, la degradación ambiental, la desigualdad y la dependencia económica.
La posición defendida durante el debate abogó por una minería responsable y por una inversión que contribuya al desarrollo del país bajo principios de soberanía, transparencia y beneficio para los ciudadanos.
Respecto a la reforma de la Ley de Hidrocarburos, los parlamentarios subrayaron que el petróleo y el gas han constituido durante décadas una de las principales fuentes de ingresos del Estado y han desempeñado un papel determinante en la economía nacional.
La nueva normativa, según lo expuesto durante la sesión, pretende ir más allá de una simple actualización de los procedimientos administrativos y contractuales. Entre sus objetivos figura mejorar los mecanismos de participación del Estado, reforzar la fiscalización de los costes recuperables y garantizar un mayor control sobre los ingresos derivados de la producción.
Los diputados plantearon además la necesidad de que una mayor parte del valor económico, tecnológico e industrial generado por los recursos naturales permanezca en Guinea Ecuatorial, evitando que el país aporte únicamente la materia prima mientras el mayor valor añadido se genera en el exterior.
Por su parte, durante la defensa de las reformas se destacó que el nuevo marco jurídico busca atraer capital extranjero y facilitar la participación de empresas internacionales bajo condiciones competitivas y garantías de inversión.
La reforma también contempla medidas orientadas a prolongar la vida útil de los campos maduros y monetizar nuevos descubrimientos de gas mediante proyectos de mayor complejidad. Asimismo, establece la obligatoriedad de contratación de mano de obra nacional y refuerza las responsabilidades de los operadores en las operaciones de abandono de los campos y en materia medioambiental.
En el ámbito minero, se prevé el fortalecimiento de la capacidad técnica del Estado mediante la creación de una Plataforma Nacional de Gestión Minera y un Registro Digital Geológico.
En materia de hidrocarburos, el nuevo marco permitirá adaptar los contratos al tipo de recurso objeto de exploración o explotación, diferenciando las condiciones aplicables al petróleo y al gas.
El Gobierno sostiene que el nuevo régimen económico permitirá incrementar la rentabilidad de los recursos naturales mediante la combinación de regalías, cánones, impuestos, tasas y participación estatal.
Tras las intervenciones de los grupos parlamentarios, ambos proyectos recibieron el voto favorable de la totalidad de los diputados presentes. Con esta unanimidad, las reformas de las leyes de Minas e Hidrocarburos quedan aprobadas en esta fase y son remitidas al Senado para continuar su estudio en segunda lectura.
Fuente: Dirección General de Prensa de la Cámara de los Diputados
