En los últimos años, el presidente de la República de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, quien gobierna el país desde el 3 de agosto de 1979, ha mostrado su indignación y preocupación en diferentes discursos y escenarios políticos por la proliferación de la corrupción «sistemática» instrumentalizada por algunas «élites» en el seno de la administración de las instituciones públicas y paraestatales de su gobierno.
Sin duda, más allá de la cárcel, la apropiación ilícita, o malversación de fondos del Estado (corrupción) se ha convertido ya en el «antídoto» que debilita y mata la visión política del gobierno que preside Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, sobre el desarrollo sostenible de la nación. La corrupción ha dejado de ser un susurro de pasillos para convertirse en una herida muy «abierta» en nuestra sociedad. «La corrupción es uno de los mayores obstáculos del desarrollo nacional y un «cáncer» social», reconoció el mismo presidente Obiang Nguema, en uno de sus discurso. «Los miembros del gobierno deben actuar con absoluta transparencia y perseguir la corrupción», añadió.
Pese a ese mensaje tan reiterativo y medidas adoptadas por el Ejecutivo para mitigar el impacto de la corrupción en el seno de la administración pública; sin embargo, sigue siendo muy frecuente escuchar y leer en los titulares de los medios televisivos nacional (tvge y Asonga) que: «la gendarmería está investigando un supuesto fraude de mil millones en tal institución». Pero, la pregunta incómoda y curiosa es: ¿por qué hemos de tolerar que unos pocos arranquen de raíz el bienestar de tod@s?.
Esa pregunta nos invita a una reflexión profunda sobre la necesidad de diseñar, implementar y adoptar con urgencia otros mecanismos de control en el seno de la administración de las instituciones públicas y paraestatales para mitigar el impacto de ese enemigo «invisible» (corrupción) que ha robado y desgastado el futuro de miles de jóvenes, la estabilidad económica, la confianza pública, la paz y el bienestar de tod@s l@s ciudadan@s.
La malversación de fondos públicos debe ser castigado con severidad extrema en nuestra sociedad por las autoridades e instituciones competentes. Los corruptores son asesinos «silenciosos». Por lo que, no solo deben permanecer en la cárcel Black Beach alimentándose del dinero de los impuestos de las personas que honestamente sirven al Estado, sino también pueden cumplir sus condenas trabajando en proyectos sociales del gobierno, pero sin ninguna retribución como una nueva medida para frenar este fenómeno que puedo ya catalogar como una «lacra» social.
Debemos entender que, la corrupción no solo roba dinero. Roba confianza pública en los gobiernos, futuro, educación, salud, etc. Hoy, cuando se desvía fondos públicos, los resultados se ven en los hospitales sin medicamentos, proyectos inacabados, escuelas sin libros, infraestructuras sin mantenimiento; entre otras. Además, la corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales como el vandalismo, la trata de personas, el terrorismo, etc.
La corrupción debe ser castigada con transparencia. Lo que no debe ocurrir tras los hechos es que la ciudadanía se quede con la sensación de impunidad y desesperanza respecto al presente y futuro de nuestra democracia. Es mucho más lo que está en juego. Porque ese daño no solo afecta al gobierno, sino también los valores básicos de la sociedad.
